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EL TRIBUNAL SUPREMO DA MARCHA ATRÁS Y DECIDE REVISAR LA SENTENCIA DEL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

19 octubre, 2018
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Aunque suene a broma, sólo 3 días después de que se diera a conocer la Sentencia de la Sección Segunda del Tribunal de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, por la cual se cambiaba el criterio mantenido hasta la fecha y se consideraba que es el banco quien tiene que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, su Presidente Luis Maria Díez-Picazo ha anunciado que la Sala de lo Contencioso Administrativo al completo va a revisar dicha sentencia y decidirá si se mantiene este criterio o se vuelve al que ya se estaba siguiendo en todos los Juzgados españoles.

Las razones por las que el presidente ha tomado esta decisión son por el “giro radical” de la Jurisprudencia y por el “enorme impacto económico y social de la decisión”. Detrás de esta frase hay claramente dos grupos: Los que ganan y pierden en función de lo que se decida. Uno de los grupos lo forman las entidades bancarias y, mucho ojo, el Ministerio de Hacienda, mientras que el otro, lo forma el núcleo de personas afectadas por la imputación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Si los 31 magistrados que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo determinan que hay que volver al anterior criterio jurisprudencial, los grandes ganadores seguirán siendo los bancos, seguidos de Hacienda, ya que ambos eludirán la obligación de tener que devolver, en el caso de Hacienda, y pagar, en el caso de las entidades por un Impuesto que sería obligación de los bancos.

Por otro lado, tenemos a los usuarios que, cuando suscribieron una hipoteca con alguna de la entidades bancarias que operan en España, tuvieron que aceptar una cláusula que le imponía una serie de gastos entre los que se incluían el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Si se mantuviera el criterio de la Sentencia de 16 de Octubre, podrían recuperar las cantidades que pagaron en su día de diversas maneras.

En juego hay 6.500 millones de euros, independientemente del ganador. Pero, lo que sin duda queda claro, es que para la Justicia Española el agravio a las Entidades Españolas y a la propia Hacienda es mayor que el que supondría para los clientes, quienes ya tenían asumida esa perdida. Desde Best Defense, consideramos que volver al anterior criterio jurisprudencial sería un craso error y un perjuicio tan grande como el que se le provocaría a la banca y Hacienda de mantenerse.

Desde luego, si finalmente se da marcha atrás en cuanto a mantener el anterior criterio jurisprudencial, dicha decisión no va a estar exente de polémica y hará que muchos nos preguntemos ¿Es verdaderamente independiente el poder judicial? Os dejamos aquí esta encuesta para saber vuestra opinión.

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